La agencia de calificación crediticia Fitch considera que la reciente introducción de un real decreto que facilita la dación en pago a los hogares más vulnerables puede dar como un resultado una mayor incidencia de propietarios en apuros que opten por “entregar las llaves” de su vivienda al banco y liberarse así de la deuda hipotecaria.

Así, la calificadora de riesgos apunta que la entrada en vigor de este decreto dará como resultado dos resultados distintos y opuestos, ya que, por una parte se esperan menores pérdidas en los préstamos que en los que son sometidos a subastas tradicionales, mientras que por otro lado, podría tener efectos perjudiciales al “incentivar a los prestatarios a entregar las llaves”, especialmente en casos en los que el valor del préstamo supera al de la vivienda. leer más

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Moody ’s rebaja la calificación de la deuda soberana de Japón

Hace 3 años, los investigadores de la Universidad Rice en Houston consiguieron un material de color negro que es más negro que el más negro de los negros. Un material que absorbe el 99,9% de la luz que recibe, treinta veces más negro que la muestra de material de carbono que utiliza el organismo nacional de mediciones de aquel país para medir reflexión de los materiales.

Ayer, trás ta rebaja de la calificación de la deuda americana, todos nos esperábamos un Lunes más negro que el más negro de los Lunes. Finalmente se quedó en negro oscuro y es que pese a todo, hay motivos para creer que el mundo seguirá girando aunque EEUU haya perdido la triple A.

Aunque el impago por parte de un país respecto a la posición global de los EE.UU posiblemente cause estragos en los mercados financieros, la historia sugiere que perder una calificacion de triple A puede no supone los enormes daños para el mercado que algunos temen.

Japón, Canadá o Australia, entre otros (además de los recientes países Europeos), han experimentado el trauma de bajar de categoría desde las cimas más altas de la solvencia crediticia y en general, los costes de los préstamos se mantuvieron bastante constantes, incluso en algunos casos, finalmente disminuyeron. Las bolsas se tambalearon pero en general rebotaron, al tiempo que la respuesta de los mercados de divisa varió mucho.

Para los EE.UU., la historia sugiere que el resultado podría incluso ser positivo a largo plazo si una reducción en la calificación impulsa a los políticos a poner en order la situación fiscal del gobierno. Todo el mundo conocía la debilidad de la economía americana y era cuestión de tiempo que alguna agencia de calificación se atreviese a bajarle la nota (pese a que no sigan el mismo criterio para ambos lados del Atlántico)

Si revisamos la historia de las reducciones de calificaciones de las deudas soberanas, y su efecto sobre los mercados de bonos, desde 1990, descubriremos que que cuando bajaban las calificaciones de la deuda soberana en un grado desde la triple A, los rendimientos de los bonos apenas cambiaron. A fin de cuentas es bajar de “Matrícula de honor” a un “Sobresaliente”

Es distinto cuando los países reciben calificaciones aún inferiores, como una A o entran casi en territorio «basura». Cuando la reducción de la calificación es a grados muy bajos, el efecto es muy importante.

Cierto es que el caso americano es bastante especial ya que la deuda del Tesoro estadounidense es la inversión con mayor profusión, siendo titulares de importantes partes otras naciones como China o Japón. A diferencia de Japón, cuyos bonos están en poder principalmente de titulares nacionales. Asimismo, el dólar estadounidense es la divisa más frecuentemente utilizada para las transacciones y las cuentas de ahorro. Ambos son considerados inversiones seguras.

En 1998, Moody’s Investors Service rebajó la calificación de la deuda japonesa de su máxima valoración de Aaa a Aa1, esa rebaja no fue seguida de forma inmediata por otras compañías de calificación. Standard & Poor’s mantuvo la máxima calificación de Japón en triple A hasta febrero de 2001, momento en que la rebajó un grado hasta doble A+.

El día de 1998 en que se produjo la rebaja, el yen cayó un 0,7%, según los datos recopilados por Wells Fargo. Tres meses después, el yen subió un 1,1% desde antes de la rebaja, y seis meses más tarde, el yen estaba un 2,7% más bajo.

Entre tanto, la respuesta de las acciones y bonos japoneses el día de la rebaja fue «bastante escasa», el índice bursátil Nikkei bajó un 2% un mes después.

En el caso de Japón, la rebaja de Moody’s se produjo cuando el país salía de una recesión y el día en que la Reserva Federal estadounidense rebajaba los tipos de interés como respuesta a la crisis derivada del fondo de cobertura Long Term Capital Management. Dos semanas después de la rebaja de Moody’s, las acciones japonesas estaban más altas.

Canadá también sufrió una rebaja de múltiples etapas durante un período de varios años.

En octubre de 1992, cuando S&P redujo la calificación de la deuda extranjera de Canadá en un grado desde triple A, se produjo un efecto muy leve sobre los mercados canadienses. Pero cuando Moody’s se sumó en 1994, los rendimientos de la deuda a 10 años subieron un 0,45% durante el mes siguiente y las acciones cayeron un 6%.

Posteriormente, en abril de 1995, Moody’s rebajó la calificación de la deuda canadiense en un grado desde Aaa. Ese día, hubo poca reacción en los mercados de bonos, acciones o divisas.

Pero la calma no duró mucho ya que ña diferencia entre los bonos a 10 años estadounidenses y canadienses subió de 1,30 a 1,88 punto porcentuales durante cuatro meses.

Impulsado en parte por la rebaja de las calificaciones, Canadá promulgó estrictas reformas presupuestarias, y el mercado de bonos cambió de curso. En noviembre, los rendimientos a 10 años eran parecidos a los estadounidenses.

Se pusieron muy serios con el equilibrio de su presupuesto, la rebaja de la calificación les sirvió para acelerar las reformas.

Ha habido otros ejemplos, en los que la respuesta del mercado ha sido más dramática. Cuando Suecia sufrió una crisis bancaria y una recesión, la rebaja de su calificación triple A en 1991 presenció la pérdida de un 11,4% de la corona durante los siguientes seis meses, al contrario de lo que ocurrió en 1986 con la rebaja de Australia que trajo una subida de un 12,6% del dólar australiano.

No obstante, la calificación crediticia AAA es muy difícil de recuperar cuando se ha perdido y la prioridad es no perder nunca la calificación, algo que finalmente ha ocurrido en EEUU. Ayer mismo, S&P recordaba que los países que han perdido la máxima nota tardaron al menos 9 años en recuperarla

Por otro lado, el director general de S&P, John Chambers, indicó que, históricamente, sólo cinco emisores soberanos entre todos aquellos que perdieron la máxima nota de solvencia lograron recuperarla, para lo que necesitaron entre “9 y 18 años”.

En concreto, los cinco países que, hasta la fecha, han logrado regresar a la máxima categoría crediticia tras haber perdido la ‘triple A’ son Canadá, Suecia, Finlandia, Australia y Dinamarca.

“Cinco (países) han recuperado su ‘triple A’ y todos lo hicieron asumiendo, durante un periodo sostenido de tiempo, programas sustanciales de consolidación fiscal y no sólo estabilizando su deuda, sino reduciendo su peso en la misma”, añadió.

Como comentaban ayer en el foro de bolsa, el problema es la economía y no lo que diga una agencia de rating Mientras tanto, esperemos que la administración Obama, aunque sea por orgullo hagan todo lo posible por recuperar la triple A.

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Y el mundo sigue girando

Un concurso de acreedores es el procedimiento judicial que sustituye a la antigua quiebra y suspensión de pagos. La Ley obliga a los administradores de la sociedad, si detectan una situación de insolvencia presente o inminente, a presentar el concurso en tiempo y modo.

La idea es que el reflotamiento de la firma o la liquidación de los bienes y derechos para pagar las deudas se haga de forma ordenada y tutelada por el Juez de lo Mercantil, con la participación de los administradores concursales, que son las manos, ojos y oídos de la instancia judicial.

En la fase final de proceso concursal, cuando se procede a liquidar la sociedad o se aprueba un convenio con una quita superior a un tercio de los créditos o una espera superior a 3 años, el Juez, en base a los informes recabados de los administradores concursales, procede a la calificación del concurso.  La nueva ley parte de la presunción de inocencia, y establece sólo dos posibles calificaciones:

1. Concurso culpable.
2. Concurso fortuito.

Veremos las consecuencias para los administradores de la sociedad liquidada (no confundir con los administradores concursales, nombrados por el juez) de que el concurso sea calificado culpable.

La calificación del concurso trata de determinar la causa de la insolvencia y, concretamente, si ésta es imputable al deudor o a sus representantes, que habrían provocado o agravado la quiebra con su comportamiento doloso o culpable (concurso culpable).

Tres son los criterios que la Ley toma para calificar de culpable un concurso:

1. Definición legal: cuando hay dolo o culpa grave de los administradores de la sociedad. El dolo supone intencionalidad del deudor de ocasionar o agravar la insolvencia con su conducta, mientras que la culpa grave no exige mala fe, basta con la omisión de la diligencia exigida al deudor en el desarrollo de su actividad empresarial. Se puede pecar por acción o por omisión, en definitiva.
2. Supuestos que por sí mismos provocan la declaración de concurso culpable. Entre otros, llevanza de doble contabilidad o no llevarla en absoluto, falsedad en la documentación aportada al concurso, alzamiento de bienes (ocultación o desaparición fraudulenta), enajenaciones fraudulentas (en perjuicio de los demás acreedores) en los dos años anteriores al concurso o simulación de la verdadera situación patrimonial
3. Casos en que se presume dolo o culpa, admitiendo prueba en contrario. Los 3 supuestos serían el incumplimiento de instar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha que hubiere o debido conocer el estado de insolvencia de la empresa (lo más claro es presentar unas cuentas anuales quebradas), no colaborar con los administradores concursales, básicamente, durante el proceso, o no haber formulado las cuentas anuales en alguno de los tres ejercicios anteriores a la declaración de concurso.

Las personas afectadas por la calificación son:

• En el caso de que el deudor sea una persona física (normalmente un autónomo), ella misma. Los menores de edad e incapacitados no responden del cocurso, ya que lo hacen sus representantes legales.
• Tratándose de personas jurídicas, responden los administradores. Si el administrador fuese una cortina para proteger el patrimonio del verdadero gestor de la empresa, se podría ir contra éste como administrador de hecho.

Las consecuencias para el administrador en un concurso culpable son:

1. Inhabilitación (el plazo lo determina el juez, nunca siendo inferior a 2 años ni superior a 15) para la realización de actividades de comercio, formar parte de un órgano de administración societario, gestionar patrimonios ajenos o representar a otras personas.
2. Pérdida automática de cualquier derecho de crédito que tuviera en el concurso (por ejemplo, remuneraciones pendientes de cobro).
3. Si finalmente se liquida la sociedad, cabe la condena de los administradores a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe de sus créditos no satisfechos con la liquidación. Por tanto, responder con su patrimonio de las deudas de la empresa quebrada.

Administrar una sociedad es algo muy importante que debe hacerse con toda la diligencia posible, ya que en caso de problemas los perjuicios para el administrador son muy graves.

Especialmente peligroso es operar en el tráfico profesional y empresarial como persona física, ya que en el autónomo la separación entre patrimonio personal y empresarial no existe. Si uno empieza a tener deudas, nunca debería seguir adelante siendo autónomo. Si la situación se agrava acabará perdiendo el negocio y el futuro personal.

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Concursos culpables: los administradores pagan caro sus errores

Dicen que las apariencias engañas pero también dicen que la cara es el espejo del alma.

Dicen que a quién madruga Dios le ayuda pero también dicen que no por mucho madrugar amanece más temprano.

Dicen que al que no habla dios no lo oye pero también dicen que en boca cerrada no entran moscas.

Dicen, dicen, dicen…. Y mucho se habla últimamente de la agencias de calificación de riesgo, que como en los refranes, está lleno de contradicciones.

Algunos las defienden, como Warren Buffet:

Que las agencias de rating no supieron ver la crisis y que se equivocaron en sus valoraciones es una evidencia, pero ayer en el Congreso de Estados Unidos, el famoso inversor Warren Buffet salió en su defensa: “Se equivocaron como todos”, dijo el llamado oráculo de Omaha, cuya compañía, Berkshire Hathaway, es el mayor accionista de Moody’s. Buffet excusó a las agencias asegurando que la crisis financiera fue fruto de una “mentalidad colectiva de burbuja” que consideraba que los precios no podían desplomarse: “El alza de precios es un narcótico”, admitió el inversor.

pero otro las atacan, como sus propios empleados

Ex analistas de Moody´s confiesan presiones para mejorar los ratings

Entre las palabras más polémicas que han sonado este miércoles ante el comité se encuentran las del ex vicepresidente de la unidad de derivados de la firma, Mark Froeba, que ha asegurado que estaba claro que los banqueros de inversión efectivamente controlaban a los analistas. “Esencialmente, usaron la intimidación para crear una población dócil de analistas temerosos de enojar a los banqueros de inversión y listos para cooperar”, ha afirmado.

Independientemente de quién sea el que tenga la razón (aunque uno tenga sus sospechas) lo que está claro es que en este proceso de “refundación del capitalismo” (notesé la ironía) la reforma de las agencias de calificación crediticia debería ser un elemento fundamental. Es un poco complicado, pero lo que se necesita es un mecanismo efectivo para calificar a los calificadores (y que a su vez no requiera de un mecanismo que califique al calificador, claro).

Todo el mundo reconoce que las agencias de calificación han defraudado a los inversores. Muchos productos financieros vinculados a los prestamos inmobiliarios que Standard & Poor, Moody’s, y Fitch calificaron como seguros durante los años de prosperidad, resultaron ser letalmente peligrosos. Y el problema no se limita únicamente a esos productos financieros, con emisores de otros bonos y obligaciones que eligen y compensan a las empresas que los califican, las agencias siguen teniendo grandes incentivos para recompensarlos con buenas calificaciones. Incluso recientemente hemos comprobado en nuestras carnes como su criterio evaluador afecta profundamente a la capacidad de endeudarse de un estado.

¿Qué se debería hacer? Una opción que se ha propuesto reduciría la importancia de las opiniones de los calificadores. En muchos casos, la importancia de las calificaciones proviene en parte de las exigencias legales que obligan o animan a los inversores institucionales y vehículos de inversión a mantener carteras de valores que han recibido unas valoraciones muy altas de las agencias de renombre.

La decepción respecto al comportamiento de los calificadores y el escepticismo sobre la efectividad de la regulación, han dado lugar que se quiera eliminar la dependencia regulatoria de las calificaciones. Si las calificaciones no están respaldadas por la fuerza de la ley, según este argumento, los reguladores no tendrán que preocuparse de la calidad de las calificaciones y podrán dejar el control de los calificadores en manos del mercado.

Incluso si las calificaciones ya no fueran exigidas o fomentadas por la ley, seguiría existiendo una demanda de calificaciones, así como la necesidad de mejorar su fiabilidad. Muchos inversores no pueden constatar en qué medida el elevado rendimiento de un fondo de renta fija se debe a la asunción de riesgos, y por tanto, puede de ese modo beneficiarse de una calificación de la gestora del fondo. Considerando la experiencia pasada, no podemos confiar en la reputación del mercado para garantizar que esas calificaciones sean fiables.

Otra posibilidad sería liberar el sistema de responsabilidad. Desde esta perspectiva, si los inversores pudieran llevar a los calificadores ante los tribunales, los incentivos de los calificadores mejorarían. Sin embargo, mientras esa vigilancia judicial podría ser efectiva para eliminar algunos casos flagrantes, no podría asegurar que los calificadores hicieran lo correcto cuando no se espera que los tribunales puedan pronunciarse sobre lo que es lo correcto.

No hay, por tanto, algo que pueda sustituir a los incentivos que se dan a los calificadores y que consigan que estos emitan calificaciones lo más correctas posible. Esto se puede lograr, haciendo depender los beneficios de los calificadores, no de satisfacer a los emisores que los eligen, sino de su correcta actuación con los inversores. Si los beneficios de los calificadores dependen de esa actuación, en la precisión de sus calificaciones el ánimo de lucro podría dejar de ser una fuente de incentivos perversa y empezar a proporcionarles incentivos beneficiosos.

Esto que comento se ha presentado en el senado americano y como era de esperar, encontró una fuerte resistencia de las agencias calificadoras dominantes. Standard & Poor argumentó que ese mecanismo proporcionaría a las agencias de calificación crediticia «menos incentivos para competir entre ellas, ser innovadoras, y mejorar sus modelos, criterios y metodologías.»

Pues bien, ese mecanismo reduciría de hecho los incentivos negativos de los calificadores para competir entre ellos con el fin de complacer a los emisores de valores, y para ser innovadores y mejorar para servir mejor a los inversores. Pero fortalecería los incentivos positivos de los calificadores para competir entre ellos al objeto de emitir calificaciones correctas, ser innovadores y mejorar con la finalidad de alcanzar ese objetivo más beneficioso para la sociedad.

Las agencias de calificación han sido y deberían seguir siendo un aspecto importante de los mercados de capitales modernos. Pero para que las calificaciones funcionen, los calificadores tienen que ser calificados.

En Europa andamos con la misma preocupación y la semana pasada Bruselas propuso que su control sea verificado de manera exclusiva por un supervisor europeo, la Autoridad Europea de Mercados y Valores (AEMV), que es una de las futuras cuatro nuevas instituciones previstas en la reforma del sistema financiero de la UE. La nueva autoridad controlará a las tres grandes agencias que realizan esta actividad, Fitch, Moody’s y Standard and Poor’s, así como a sus filiales europeas. Aunque viendo lo rápidos que somos en el viejo continente para estas cosas, igual lo arreglamos en la siguiente crisis.

Por tanto, para abrir el tema de debate de hoy ¿Que grado de culpabilidad asignáis a las agencias de calificación? ¿Debería haber un mayor control sobre ellas o será el mercado el que las controle?

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A vueltas con los ratings