Previsiones de fusiones de bancos en España 2012 Como quedará el mercado bancario en España En un principio parece claro que serán los cuatro grandes grupos bancarios (Santander, BBVA, Bankia y Caixabank) los que liderarán el proceso de concentración mediante fusiones y adquisiciones. La forma y con quien será lo complicado, en este momento, todos están hablando con todos y es extremadamente difícil adivinar cuál será el mapa bancario definitivo. Al final del proceso no quedará más de una docena de entidades tal y como quiere el Gobierno y el Ministerio de Economía. Un primer grupo, que estará compuesto por megabancos liderados por Santander, BBVA, Caixabank y quizás Bankia, superará los 400.000 millones de euros por entidad. Un segundo grupo, capitaneado por el Banco Sabadell y el Banco Popular y algún grupo de cajas, se situará entre los 200.000 y 300.000 millones de euros. Y por fin se formará un último grupo, compuesto por cajas, que oscilará entre los 100.000 y 150.000 millones de activos. Los grupos resultantes del proceso de concentración deberán ser solventes, criterio que no se respetó en la última fase de fusiones, en la que predominó el criterio político y la influencia de los gobiernos autonómicos. La solución en unos meses, se admiten apuestas.

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Fusiones bancos 2012 previsiones

La reforma del sistema financiero que el Gobierno aprobará mañana, tendrá como objetivo conseguir un sector más saneado y mejor dimensionado, con el objetivo de que vuelva a ejercer su función principal: conceder crédito a familias y empresas para recuperar el crecimiento económico y la generación de empleo. El nuevo esquema de saneamiento y consolidación del sector financiero, que previsiblemente se aprobará mañana en Consejo de Ministros, es uno de los ejes básicos –junto al presupuestario y al laboral- del programa de reformas estructurales del Gobierno, que forma parte de los compromisos asumidos por España con sus socios comunitarios y es clave para recuperar la confianza de los mercados financieros internacionales. La reforma pretende disipar las dudas del mercado sobre la valoración de los activos inmobiliarios (suelo, promociones y viviendas) que tienen las entidades en sus balances, proceso que incentivará la salida al mercado de viviendas a precios más asequibles. El sector financiero saldrá de este proceso más fortalecido, con menos entidades pero más sólidas, de forma que las instituciones españolas se sitúen entre las más saneadas de la UE. Ningún otro país del entorno comunitario ha diseñado un proceso de saneamiento de activos semejante, pese a que en algunos casos la crisis financiera les ha afectado de forma más intensa. A diferencia también de lo ocurrido en otros países, en el caso español la reforma no tendrá impacto en el déficit público; es decir, no supondrá coste alguno para el contribuyente, ya que los saneamientos los asumirán las propias entidades con cargo a resultados o a capital, para lo que se habilitan plazos razonables. Saneamiento de activos inmobiliarios Los activos inmobiliarios ligados al crédito promotor del conjunto del sistema financiero español ascienden a 323.000 millones de euros (a 30 de junio de 2011), de los que 175.000 millones se encuadran en la categoría de problemáticos (88.000 millones en suelo y promoción en curso y 87.000 millones en promoción terminada y viviendas adjudicadas). Los niveles medios de cobertura actual de las entidades sobre el conjunto de activos problemáticos se sitúan entre el 31% (suelo), 27% (promociones en curso) y   25% (promoción terminada y viviendas). La incertidumbre sobre la valoración de estos activos es uno de los factores que dificultan a las entidades acudir a los mercados de financiación mayorista,   con la consiguiente detracción de crédito para financiar al sector privado de la economía. Por ello es imprescindible clarificar el panorama y situar la valoración de activos en una posición más acorde con la del mercado. Con este objetivo, se establecerán saneamientos adicionales por un valor total de 50.000 millones de euros a través de nuevas provisiones y colchones de capital. Aquellas entidades que participen en procesos de fusión (consolidación) tendrán unas condiciones más flexibles para adaptarse al nuevo marco. El objetivo es lograr un ajuste en el exceso de capacidad del conjunto del sector y que mejore la eficiencia de las nuevas instituciones. En definitiva, menos entidades pero más saneadas. Para los activos problemáticos se establece una provisión específica, con una dotación extraordinaria con cargo a resultados, por un importe próximo a 25.000 millones de euros. Se prevé, además, un colchón de capital del 20% sobre suelo y del 15% para promoción en curso, que irá con cargo a beneficios no distribuidos, ampliación de capital o conversión de híbridos (preferentes, bonos convertibles, deuda subordinada…), por un importe estimado en torno a 15.000 millones de euros. En el caso de los activos no problemáticos ligados a promoción inmobiliaria se establece una provisión genérica del 7%,   en previsión de un posible deterioro futuro, dado que representan un riesgo más elevado que el resto de la cartera crediticia. Esta provisión se realizará contra resultados y su importe estimado estará en torno a 10.000 millones de euros. La fecha límite para realizar la provisión específica, la genérica y la dotación de capital será el 31 de diciembre de 2012. Tras la reforma, las provisiones específicas más el colchón de capital cubrirán un   80% de los activos problemáticos (hasta ahora el 31%) en el caso del suelo; el 65% en el caso de las promociones en curso (antes el 27%) y el 35% en promoción terminada y vivienda (antes el 25%). La suma total de saneamiento, considerando las provisiones y el colchón de capital, ascenderá a 50.000 millones de euros, una cifra que tiene carácter extraordinario y se exigirá, por tanto, de una sola vez. Se trata de un esfuerzo de saneamiento muy sustancial, habida cuenta de que el realizado por el sector bancario español desde 2008 a junio de 2011, con provisiones específicas, alcanzó 66.000 millones de euros. Concentración para ganar eficiencia El régimen de fusiones previsto en la norma que mañana aprobará el Consejo de Ministros establece que las entidades que opten por esta vía deberán presentar un plan de viabilidad y medidas de gobierno corporativo que hagan posible una integración rápida y eficiente. Asimismo, las entidades en proceso de fusión deberán asumir compromisos de ampliación en la concesión de crédito. Los plazos para resolver los procesos de concentración serán extremadamente reducidos. Las entidades deberán presentar los proyectos de fusión antes del próximo 30 de mayo y las solicitudes se resolverán en el plazo de un mes. Para impulsar este proceso de fusiones y consolidación del sector, los saneamientos exigidos se realizarán durante dos ejercicios. El saneamiento requerido de los activos se podrá hacer contra el patrimonio. En caso de acudir a la financiación del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo podrán hacer a través de bonos convertibles contingentes. La dotación patrimonial del FROB aumentará hasta 15.000 millones de euros, de tal forma que se mejora su capacidad de endeudamiento. En definitiva, con este significativo esfuerzo de saneamiento se conseguirá un mejor acceso de las entidades de crédito a los mercados de capitales, y una mejora del flujo de crédito a la economía real, con un impacto positivo sobre la producción y el empleo. Además, facilitará la salida al mercado de los activos inmobiliarios en poder de la banca, con el consiguiente abaratamiento de la vivienda. En resumen, uno de los ejes básicos para lograr la recuperación debe ser esta reforma del sistema financiero, porque tiene como objetivo algo esencial y es la recuperación del crédito, puesto que mientras no fluya el crédito, las empresas no invertirán en nuevos proyectos que generen empleo, y mientras no hay crédito las familias no consumirán. Para más información: Ministerio de Economía y Competitividad

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Reforma del sistema financiero, el Gobierno la aprobará mañana

El Anteproyecto de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas será remitido por acuerdo del Consejo de Ministros del pasado viernes día 27 de enero al Consejo de Estado. Este Anteproyecto de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas recoge el primer objetivo de la política económica del Gobierno que es el control del déficit, ya que la estabilidad y la sostenibilidad presupuestarias son claves para el crecimiento económico y la creación de empleo. La Ley Orgánica va a constituir la base jurídica y económica de la política presupuestaria del Gobierno. Objetivos Los tres objetivos básicos de esta Ley son: Garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las Administraciones Públicas. Fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española. Reforzar los compromisos de España con la Unión Europea. La Ley Orgánica de Estabilidad da cumplimiento al mandato recogido en el artículo 135 de la Constitución Española. España se convierte así en uno de los países pioneros en incorporar en un texto de máximo rango legal las normas de disciplina presupuestaria que garantizan el buen funcionamiento de la Unión Europea. Requerimientos En este sentido, la Ley garantiza la adaptación continua y automática a la normativa de la gobernanza económica europea y recoge, entre otros requerimientos: La obligación para todas las Administraciones Públicas de presentar equilibrio estructural. El establecimiento de un límite de deuda como garantía de sostenibilidad presupuestaria. La formulación de un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración del presupuesto y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad y de deuda pública. La incorporación de actuaciones preventivas de alerta temprana y de corrección automática. El refuerzo de los mecanismos sancionadores en los que se tendrán en cuenta, en línea con la normativa europea, la reincidencia y la gravedad de los incumplimientos. A los principios de estabilidad, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, se añaden en esta Ley los de sostenibilidad financiera, responsabilidad y lealtad constitucional. La sostenibilidad presupuestaria se configura como el principio rector de la actuación de todas las Administraciones Públicas y por ello la primera novedad esta en el propio título de la ley. Con ello, se pretende reforzar la idea de estabilidad, no sólo en un momento coyuntural, sino con carácter permanente. Elementos fundamentales Los elementos fundamentales de la Ley de Estabilidad Presupuestaria son los siguientes: 1) Se introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria. La deuda pública no podrá superar el 60 por 100 del PIB. 2) Todas las Administraciones Públicas deberán presentar equilibrio o superávit computado en términos SEC. Ninguna podrá incurrir en déficit estructural. En caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, se podrá alcanzar un déficit estructural del 0,4 por 100 del PIB. Se podrá presentar déficit estructural en situaciones excepcionales (catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria). 3) Para la fijación de los objetivos de estabilidad y deuda pública se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea sobre el Programa de Estabilidad. 4) Todas las Administraciones Públicas deberán aprobar un techo de gasto consistente con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto. 5) El gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo con la normativa europea. 6) Se establece la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, tal y como establece la Constitución. 7) El incumplimiento de los objetivos exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. Dicho plan deberá explicar las causas de la desviación y las medidas que permitirán retornar a los límites. En caso de incumplimiento del plan, la Administración responsable deberá aprobar automáticamente una no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. 9) El déficit por circunstancias excepcionales, requerirá un plan de reequilibrio donde se detallen las medidas adecuadas para hacer frente a las consecuencias derivadas de estas situaciones. 10) El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para: Autorizar emisiones de deuda. Concesión de subvenciones. Suscripción de convenios. 11) La Ley refuerza los mecanismos preventivos y de seguimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda. Asimismo, se establece un umbral de deuda de carácter preventivo, a partir del cual las únicas operaciones de endeudamiento que se permitirán serán las de tesorería. 12) Las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable. Además la Ley traspone los mecanismos correctivos de la Unión Europea. Así, en caso de incumplimiento de un plan económico-financiero: La Administración incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del 0,2 por 100 de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. A los nueve meses, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la Administración incumplidora. 13) La Ley refuerza el principio de transparencia ya que cada Administración Pública deberá establecer la equivalencia entre el presupuesto y la contabilidad nacional. Ésta es la información que se remite a Europa para verificar el cumplimiento de nuestros compromisos en materia de estabilidad presupuestaria. Con carácter previo a su aprobación, cada Administración Pública deberá dar información sobre las líneas fundamentales de su presupuesto, con objeto de dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa europea. Además, se amplía la información a suministrar con objeto de mejorar la coordinación en la actuación económico-financiera de todas nuestras Administraciones Públicas. 14) Con la entrada en vigor de esta Ley se va a iniciar un periodo transitorio hasta 2020, tal y como establece la Constitución. Durante ese periodo se determina una senda de reducción de los desequilibrios presupuestarios hasta alcanzar una deuda pública del 60% del PIB. La deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de crecimiento del 2 por 100 o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB. Igualmente, el déficit estructural del conjunto de administraciones públicas se deberá reducir un 0,8 por 100 del PIB nacional en promedio anual. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda. Por último señalar que el texto del Anteproyecto cuenta con el compromiso hacia su contenido de todas las Administraciones Públicas.

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Anteproyecto de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas

Bantierra es la nueva entidad surgida de la fusión entre MultiCaja y Cajalón Ya está operativa Bantierra desde este pasado lunes, 23 de enero, cuando comenzó a operar la nueva entidad surgida de la fusión entre MultiCaja y Cajalón, Bantierra, una vez realizada la integración informática y operativa en la nueva entidad, que cuenta con 325 oficinas, más de mil empleados y 400.000 clientes. Los clientes de MultiCaja y de Cajalón podrán operar indistintamente en cualquiera de las oficinas de la red de Bantierra. Además, el lunes comienza el proceso de implantación de la nueva marca que se va a realizar de forma progresiva en toda la red comercial así como en todas las acciones vinculadas a la nueva entidad. Con esta acción culmina un proceso iniciado en febrero de 2011, cuando los consejos rectores de ambas entidades aprobaron el protocolo de fusión de MultiCaja y Cajalón con el visto bueno del Banco de España. Bantierra, Nueva Caja Rural de Aragón, es una nueva cooperativa de crédito con sede en Aragón y presencia en otras cuatro comunidades (Cataluña, Valencia, Madrid y La Rioja). Según datos provisionales consolidados referidos a diciembre de 2011, Bantierra nace con unos activos totales medios superiores a los 6.000 millones de euros y un volumen de negocio administrado de 10.000 millones de euros. Bruno Catalán, presidente hasta ahora de Cajalón, ocupa la presidencia de Bantierra; mientras que José Antonio Alayeto, presidente de Multicaja, actuará de co-presidente, asumiendo la presidencia al finalizar el periodo inicial de tres años. La dirección de la nueva cooperativa de crédito recae en los anteriores directores generales de Multicaja y Cajalón, Jose María Jiménez y Javier Hermosilla. Bantierra forma parte del Grupo Caja Rural que aglutina a todas las cajas rurales existentes en España y forma parte de la Asociación Española de Cajas Rurales y de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Respecto a la imagen comercial, ésta pretende, según las citadas fuentes, “proyectar una imagen sencilla, innovadora y moderna, evocando la calidez y proximidad con las personas que quiere distinguir la práctica tradicional de la banca cooperativa, de la que Bantierra forma parte”. El lema corporativo de Bantierra, que acompaña el nombre, es “banca-cooperación-personas”, una frase que “refuerza el nuevo concepto y quiere transmitir los valores de la banca cooperativa, que se concretan en su confianza en las personas

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Bantierra fusión entre MultiCaja y Cajalón

Francisco Luzón ha presentado su renuncia voluntaria al cargo de consejero ejecutivo de Banco Santander y como responsable de la División América. Ante este hecho el Banco Santander quiere expresar su reconocimiento a la extraordinaria labor profesional que Francisco Luzón ha realizado a lo largo de 15 años como consejero ejecutivo de la entidad y, en particular, a su trabajo en la División América, que ha sido decisivo para la construcción de la franquicia en Latinoamérica. Francisco Luzón se incorporó a Banco Santander en el año 1996 como consejero-director general, adjunto al presidente y responsable de Estrategia, Comunicación y Relaciones Institucionales. En 1999 asumió la dirección de División América, una unidad clave para el Grupo, que en aquel año obtuvo un beneficio de 546 millones de euros, habiendo alcanzado 4.804 millones en 2010. Por último señalar que Jesús Zablza, actual director general del Banco, será la persona que lo sustituirá como responsable de la División América. Para más información: Banco Santander

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